Lourdes Rosales Martínez sostuvo que se mantendrá como secretaria de Seguridad Ciudadana (SSC) de la capital de Puebla hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva la controversia constitucional que el ayuntamiento presentó para impedir que el gobierno estatal designe a los mandos de la policía capitalina.
A ocho días de que el gobernador Miguel Barbosa Huerta emitió un decreto para asumir el control de la seguridad en el municipio, la funcionaria rechazó un aumento en delitos como lo sugiere el documento, pues aseguró que desde finales del año pasado hay una tendencia a la baja en denuncias.
Pese a ello Rosales refirió que no se considera una funcionaria perseguida o amedrentada por el gobierno del estado, tras las acusaciones sobre protección a delincuentes.
Se mantiene en el cargo
“No hemos dejado de trabajar, tenemos la operatividad diaria, seguimos manteniendo nuestra estrategia de vectores modelo de proximidad y con las medidas por la contingencia sanitaria, con patrullas y drones”, mencionó la funcionaria al recalcar que sigue al frente de la dependencia.
Rosales indicó que es falso el documento que circuló la semana pasada en el que se refería que presentó su renuncia a la presidenta municipal Claudia Rivera Vivanco, además comentó que ese procedimiento se realiza ante el Cabildo y no únicamente ante la alcaldesa.
La secretaria indicó que a la fecha la administración estatal no ha intervenido la dependencia a su cargo, debido a que hay una demanda de controversia constitucional en trámite, aunado a que el Congreso local tampoco se ha pronunciado sobre el caso.
Antes de la emisión de su decreto, el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta designó a Carla Morales Aguilar como delegada en Puebla de seguridad pública, pero el nombramiento no se concretó ante la inconformidad de la presidenta municipal.
No hay notificaciones de denuncias
Rosales refirió que a la fecha, la Fiscalía General del Estado (FGE) no ha notificado a la SSC el inicio de investigaciones por actos de corrupción, como la supuesta protección de grupos delincuenciales en la capital que acusó Barbosa Huerta.
Rechazó las acusaciones del mandatario estatal y señaló que la corporación está abierta a que se realice cualquier tipo de investigación.
Refirió que los actos de corrupción que se han identificado al interior de la dependencia, como chantajes o extorsiones por parte de los elementos, han sido comunicados a la Dirección de Asuntos Internos. “La institución siempre ha tomado las medidas correctivas y adecuadas en el marco de la ley”, aseguró.
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